Tres mandos de la Policía de Palma imputados en el caso Cursach ganan miles de euros en horas extra

Tres mandos de la Policía Local de Palma, imputados en el caso Cursach, están cobrando miles de euros en horas extra. Todo ello tras la decisión unilateral de la concejala socialista de Seguridad Ciudadana, Joana Maria Adrover, de paralizar los bolsines de personal creados la pasada legislatura para cubrir plazas vacantes de subinspectores y oficiales. 

Unos puestos de mando en los que habría más de 40 plazas sin cubrir, circunstancia que está provocando la realización de ingentes cantidades de horas extra entre altos cargos del Cuerpo. De esa situación se estarían beneficiando, entre otros, los tres altos cargos imputados en uno de los mayores casos de corrupción de Baleares, regresados al cuartel y pendientes aún del juicio de esta causa.

Así figura en la denuncia presentada en la Oficina Anticorrupción del Parlament balear por parte de los agentes que han denunciado el supuesto amaño de plazas para sindicalistas en el cuartel de San Fernando.

El pellizco económico que obtienen por el exceso laboral es de calado, si tenemos en cuenta que un oficial, con ocho horas extras, puede embolsarse una media de entre 300 y 400 euros diarios, y un inspector puede llegar fácilmente a los 600 y 700 euros. 

Se da el caso de agentes que han hecho 16 horas entre su servicio normal y las extras, doblando con ello su sueldo. Todo esto estaría sucediendo desde el año 2019 hasta la actualidad, tras la decisión de la edil Adrover de no activar unos bolsines creados de manera urgente la pasada legislatura, con la regidora Angélica Pastor al frente de la Policía Local. 

Según consta en el escrito que investiga la Oficina Anticorrupción de Baleares, la decisión de la máxima responsable política del cuartel de San Fernando de «no usarlos y tenerlos paralizados desde el inicio de esta legislatura, implica directamente la realización de una ingente cantidad de horas extraordinarias por parte de subinspectores y oficiales». 

En este sentido, en la denuncia se subraya que ese déficit de plantilla en esas dos escalas de altos mandos es «conocido, por todos, incluida la denominada Junta de Mandos, el jefe de la Policía Local y los responsables políticos del área». En el escrito a Anticorrupción se asegura que la paralización se ha realizado «de forma intencionada», provocando “un perjuicio económico al servicio público que se podría haber evitado” nombrando a oficiales y subinspectores inscritos en los bolsines paralizados. 

Sobre este particular recuerdan que el correcto ejercicio de la función pública implica el deber de los funcionarios y autoridades de trabajar dentro de la legalidad. Por ello, consideran que el quebranto voluntario de las obligaciones, ya sea por acción o omisión, siempre implica responsabilidades que son agravadas, cuando es reiterado y mantenido en el tiempo y, más aún, cuando la autoridad tiene en su mano solucionarlo y no lo hace, como es aquí el caso. 

Sobre este aspecto aseguran que el jefe del departamento de Personal habría manifestado en ocasiones que la prioridad es cubrir cuanto antes esas plazas vacantes por el bien del interés público, cosa que no ha sucedido así. Por ello, subrayan, este alto cargo de la estructura policial no puede desconocer que existen los bolsines, tanto por la naturaleza de su trabajo, como por la insistencia con que se viene reclamando su activación por parte de los afectados.